MADRID-Los importantes recortes en investigación en los dos últimos años y la drástica disminución de plazas han provocado la rebelión de los científicos españoles. Cerca de 2.500, entre ellos responsables de institutos científicos relevantes o universidades, han creado la plataforma Investigación Digna para protestar por los brutales recortes de fondos a la I+D y pedir un pacto por la ciencia, convencidos de que, si no hay un cambio, se producirá una «emigración forzosa» de los científicos.
Para defender sus tesis, Investigación Digna entregó ayer en Moncloa un documento firmado por 2.463 investigadores de todos los niveles –entre los que hay 77 profesores del CSIC, 68 catedráticos, tres directores de centros del CSIC, un decano un rector y 15 investigadores en puestos relevantes–, en el que plantean un futuro «sombrío» para la ciencia española.
Los firmantes denuncian que el recorte medio del gasto en investigación en los dos últimos años ha sido del 16 por ciento, mientras que en el caso de los organismos públicos de investigación la cifra asciende al 30 por ciento.
Tras la entrega de la carta, Amaya Moro-Martín, representante de la plataforma, se dirigió a los medios de comunicación para denunciar la reducción del 90 por ciento en el número de nuevas plazas anuales ofertadas para científicos titulares en el CSIC.
Entre los que apoyan esta carta están el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, el director del centro de Astrobiología del CSIC, Carlos Cermichano, y los directores del Instituto de Astrofísica de Canarias y el de Andalucía, Francisco Sánchez y Matilde Fernández, respectivamente.
El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez, fue uno de los más críticos con la situación. Sánchez declaró a este periódico que «España no puede permitirse el despilfarro loco de cerrarles la puerta a nuestros investigadores jóvenes más competitivos. Serán un regalo de oro que recibirán con los brazos abiertos los países más avanzados, mientras nuestro país seguirá retrocediendo en este mundo globalizado». En cambio, dijo: «quiero creer que, al final, aparecerán en la oferta pública de empleo las plazas para los Ramón y Cajal que terminan su contrato temporal. Nuestra economía no puede permitírselo».
Reunión en el Congreso
Las reclamaciones de la plataforma no cayeron en saco roto y sus representantes fueron recibidos por la tarde por diputados de PP, PSOE e UPyD en el Congreso de los Diputados. Amaya Martín mostró su satisfacción con estos encuentros porque «todos los grupos han entendido nuestro planteamiento». «Lo único que les hemos trasladado es que queremos que se tomen medidas a corto y medio plazo para que los científicos que acaban Su contrato este año puedan tener una salida».
En este sentido, los socialistas Juana Serra y Guillermo Bernabéu los informaron de que «el próximo jueves se va a aprobar un real decreto con medidas sociales y económicas en el que se establece que la oferta de empleo público priorice las plazas de investigación, sobre todo las que afectan al Instituto Ramón y Cajal, el más perjudicado por la situación actual».
Sobre la Ley de Ciencia, la plataforma insiste en la adecucación del número de plazas ofertadas a las que finalmente se conceden y solicitaron que la norma haga una mención expresa en este sentido. En este último punto, surgen algunas dudas. Mientras Gabriel Elorriaga, portavoz de Ciencia del PP, les indicó que lo defenderán en la votación, los socialistas respondieron que podría plantear problemas de carácter jurídico. «Queremos una ley a largo plazo y que dure, por lo menos, los 26 años que ésta ha estado en vigor», explicó Martín.
La futura Ley de Ciencia, en entredicho
- De momento, es sólo un borrador, pero la Ley de Ciencia y Tecnología que pretende impulsar el Gobierno no saca de apuros a los científicos. Es por esto por lo que reclaman que el nuevo contrato de acceso al sistema español de Ciencia contemple la estabilización automática de los investigadores que superen las evaluaciones que se establezcan, teniendo en cuenta las necesidades de los centros.
- Los científicos españoles piden que el recorte de presupuestos no afecte desproporcionadamente a la I+D y que se mantenga o aumente su porcentaje con respecto al PIB.
- Exigen un pacto de Estado que permita planificar a largo plazo los recursos humanos y financieros en investigación.
- Piden que las retribuciones de los investigadores sean, al menos, el mínimo exigido por la Ley para trabajos de características similares.
